Resumen: La petición que se realiza a la TGSS no es una prestación de seguridad social y si ante una petición de variación de datos para lo que no es competente la jurisdicción Social.Al estar ante acciones indebidamente acumuladas lo procedente seria decretar la nulidad de actuaciones para que se proceda conceder a la parte demandante plazo para optar entre la acción de reconocimiento de derechos frente a la empresa o la reclamación de variación de datos del trabajador frente a la empresa y TGSS. Como la reclamación frente a la empresa carece de acción porque la empresa reconoce la relación a tiempo completo y ha comunicado los datos a la TGSS solo quedaría la reclamación de la variación de datos frente a la TGSS, acción para la que no es competente la jurisdicción social a y en ningún caso podría acumularse a la acción de reconocimiento de derecho , por economía procesal no se decreta la nulidad de actuaciones porque el resultado sería el mismo porque no es competente la jurisdicción social para pedir la variación de datos a la TGSS
Resumen: Tradicionalmente, la jurisprudencia vino atribuyendo el conocimiento de las pretensiones en las que se impugnaba una contratación externa o de nuevo ingreso de personal laboral de la Administración al orden contencioso-administrativo, hasta el cambio de criterio llevado a cabo por la Sala Cuarta del TS -del que se hizo eco esta sala-, conforme al cual, cuando la actividad administrativa versa sobre materia laboral, el conocimiento de todas las fases de la contratación del personal laboral debe bascular en favor del orden social, comprendiendo también la fase preparatoria. No obstante, debe analizarse la incidencia que en la materia tiene la nueva letra f) del art.3 LRJS, introducida por la disposición final vigésima de la Ley 22/2021, de 28-12.de Presupuestos Generales del Estado para 2022, cuya entrada en vigor tuvo lugar el 1-1-2022, y que atribuía expresamente a los órganos del orden contencioso-administrativo la competencia para conocer de las controversias relativas a los actos administrativos dictados en las fases preparatorias previas a la contratación de personal laboral para el ingreso por acceso libre. Esta nueva regulación, sin embargo, ha sido declarada inconstitucional y nula por la STC 145/2022, de 15-11, por lo que debe retomarse la situación precedente acuñada por la sala, de forma que la competencia vuelva a residenciarse en el orden social de la jurisdicción.
Resumen: No es posible apreciar fraude en la contratación y por ello deben ser los órganos judiciales del orden contencioso administrativo los encargados de dar respuesta a la cuestión planteada.El proceso de selección para la cobertura de plaza ocupada se inició en un plazo que no podemos calificar de inusualmente largo, y se hizo de conformidad a lo previsto en el Decreto Foral , por el que se aprueba el Reglamento de provisión de puestos de Trabajo en las Administraciones Públicas de Navarra (en donde se establece que los puestos de trabajo vacantes se proveerán mediante concurso de traslados) y, por ello, no puede afirmarse que el contrato administrativo, formalmente válido, encubra en realidad una relación laboral.No es posible aplicar, cuasi-automáticamente el plazo de tres años,tiende a sancionar el mantenimiento de modo permanente de un empleado público en la plaza vacante, si este es debido al incumplimiento por parte del empleador de su obligación legal de organizar un proceso selectivo al objeto de proveer definitivamente la mencionada plaza vacante. Solo en estos casos de desidia por parte de la Administración, la contratación ha de ser considerada como fraudulenta.
Resumen: En el caso enjuiciado, el proceso para la cobertura de la plaza ocupada por la demandante se inició dentro del período de tres años posteriores a su contratación y de conformidad a la normativa foral que resulta de aplicación. De ahí que, por ello, no puede afirmarse que el contrato administrativo, formalmente válido, encubra en realidad una relación laboral indefinida no fija. El hecho de que en los sucesivos procedimientos administrativos iniciados para su cobertura la plaza quedara desierta no puede achacarse a la Administración. No es posible apreciar fraude en la contratación (ni siquiera en los otros dos contratos posteriormente suscritos por la actora) y por ello deben ser los órganos judiciales del orden contencioso administrativo los encargados de dar respuesta a la cuestión planteada; es decir, son esos órganos los que deben analizar las consecuencias derivadas del cese de la demandante.
Resumen: El sindicato demandante formula demanda frente a la Inspección de Trabajo alegando que la negativa a facilitarle la información solicitada vulnera su derecho de libertad sindical. La sentencia del Juzgado de lo Social estima la demanda y condena a la demandada al abono de una indemnización. La Sala, al analizar el recurso de suplicación de la Abogacía del Estado, tras denegar la alegación de incompetencia de jurisdicción, concluye que el sindicato demandante carece de la condición de más representativo y, en base a ello, revoca la sentencia recurrida y, en su lugar, desestima la demanda.
Resumen: La incompetencia de los órganos judiciales del orden jurisdiccional social para conocer de la cuestión planteada.El proceso para la cobertura de plaza ocupada por el demandante se inició dentro del plazo de tres años jurisprudencialmente indicado como referencia temporal a tener en cuenta y la convocatoria para su provisión se hizo de conformidad con lo previsto en la normativa foral de aplicación. Por ello no puede afirmarse que el contrato administrativo, formalmente válido, encubra en realidad una relación laboral fija. El hecho de que inicialmente la plaza quedara desierta no puede achacarse a la Administración que, tras esa circunstancia, volvió a aprobar otra convocatoria para la cobertura, entre otras, de la plaza ocupada por el demandante.Se aprecia la excepción de incompetencia de jurisdicción planteada por la parte recurrente al no apreciarse irregularidad alguna en la contratación administrativa suscrita entre las partes.
Resumen: Declarado el cobro indebido de prestaciones de desempleo, el obligado solicitó fraccionamiento con compensación parcial de la deuda, lo que se denegó por encontrarse su expediente de cobro indebido en vía ejecutiva y existir una resolución de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Tesorería General de la Seguridad Social que desestima la solicitud de aplazamiento de deuda planteada ante ese Organismo. La gestión de las prestaciones por desempleo le corresponde al Servicio Público de Empleo Estatal, pero la gestión del pago y del cobro se sustanciará de acuerdo con las disposiciones que regulen la recaudación en vía ejecutiva de la Seguridad Social, en concreto, los reintegros de prestaciones indebidamente percibidas corresponde exclusivamente, como gestión recaudatoria, a la Tesorería General de la Seguridad Social y la impugnación de sus actos a la jurisdicción contencioso administrativa.
Resumen: El Tribunal Superior de Justicia desestima la reposición que el demandante intenta contra el auto que considera incompetente el orden de lo Social para conocer de su demanda, que pretende encauzar por la vía de la modalidad especial de tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas y en las que dice que se pretende que la corporación local codemandada -se demanda también a varias personas físicas- ha incumplido la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales. La Sala confirma el criterio del Juzgado, transcribiendo pasajes del auto recurrido y coincidiendo en que, pese a que esa titulación de la demanda, de la descripción de hechos y la lectura del suplico que la misma contiene, hacen ver que no se plantea realmente nada relacionado con aquella normativa preventiva, sino que se describe una situación de acoso laboral que se dice sufre el demandante, empleado laboral de una corporación local, para luego pedir que así se declare, se condene a los demandados a estar y pasar por ello, a que se cese en el comportamiento constitutivo de acoso y se le fije una indemnización, para lo que se utiliza la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social.
Resumen: Se tiende a sancionar el mantenimiento de modo permanente de un empleado público en la plaza vacante, si este es debido al incumplimiento por parte del empleador de su obligación legal de organizar un proceso selectivo al objeto de proveer definitivamente la mencionada plaza vacante. Solo en estos casos de desidia por parte de la Administración, la contratación ha de ser considerada como fraudulenta.En el caso enjuiciado, no es posible apreciar fraude en la contratación de la demandante ni con ocasión de la causa que ampara al contrato administrativo suscrito entre las partes, ni con ocasión de su mayor o menor duración en el tiempo, motivo por el cual deben ser los órganos judiciales del orden contencioso administrativo los competentes.El contrato identifica la vacante ocupada por la demandante y en su desarrollo la actora desempeñó tareas propias del puesto de trabajo de enfermería para el que fue contratada.Se aprecia la validez de tal contratación, contratación amparada en el supuesto habilitante legalmente establecido (provisión temporal de vacante).
Resumen: En su examen de la normada posibilidad de que se acredite la situación de violencia de género (a los efectos de la postulada pensión de viudedad) por cualquier medio de prueba admitido en derecho, y tras destacar los indicios los indicios que pudieran derivarse de las actuaciones penales (incluidos los que puedan inducirse de una sentencia absolutoria cuando no se declara terminantemente la inexistencia del hecho; junto a la correspondiente orden de protección o la condena por infringir el régimen de custodia) advierte el Juzgador que en el caso por él examinado se justifica aquella condición legal (como alternativa a la pensión compensatoria) a través de la solicitud de unas medidas provisionalísimas aunque luego desistiera de las mismas; advirtiendo que a través de una interpretación literal y no finalista de la norma se justifica aquella situación de violencia de género.
